Estas son las consecuencias del ‘blackout’ (S.O.P.A)

El 18 de enero será recordado como el día en que la red se unió en contra de los grupos de poder. Una iniciativa de la comunidad Reddit que logró el apoyo liderado por Wikipedia y al que se sumaron otros grandes como Google, no sin olvidar innumerable cantidad de webs. Desde proyectos de emprendimiento, empresas hasta blogs incluso de recetas (ayer estaba buscando cómo hacer fetuccini y me salió un bloqueo por SOPA y PIPA)

Todo este movimiento a través de la red no ha sido en vano y fue escuchado. Ha sido lo suficientemente fuerte para lograr que las cosas cambien.

Barack Obama:

Alguna vez Steve Jobs dijo que Obama a pesar de ser muy inteligente, tenía un gran problema: le preocupaba mucho enfadar a alguien. No obstante, esta vez probó lo contrario, hecho que le ha costado el retiro del apoyo de la industria del entretenimiento, según Deadline.com.

Como muchos saben, en la política existen estos ‘patrocinados’, quienes aportan dinero a la campaña de un candidato para que cuando sea elegido, les favorezca. Esto es lo que recibe Obama, según opensecretes.org. Ya se irá olvidando de la última.

- Abogados/Firmas de abogados $9,900,000
- Seguridad e inversión $9,400,000
- Servicios de negocios $5,950,000
- Inmobilaria $5,050,000
- TV/Películas/Música $4,150,000 (aquí esta SOPA)

Ahora, no sería raro que en los próximos días Obama lance un discurso conciliador, dejar pasar esta cifra sería otorgar una gran ventaja a los republicanos en la próxima campaña.

Más senadores para el bando contra SOPA y PIPA

Luego de ver las consecuencias y protesta de la red en contra de los proyectos legislativos SOPA y PIPA, podemos ver que los efectos fueron positivos. Según nos informa Arstechnica, son 18 los senadores que anunciaron su oposición a PIPA, de los cuales 7 eran copatrocinadores.

Por su parte, son 10 los senadores que anunciaron que no votarán a favor de SOPA cuando se someta a debate, según NYTimes.

Estos son los datos más importantes sobre el contexto político que se mueve alrededor de estos proyectos legislativos y la reacción a través de las redes. Esta es solo una prueba del poder de Internet como medio para descentralizar la justicia y que esta no solo se quede en un grupo lleno de intereses particulares. Es bueno lo logrado, pero aún no se acaba. SOPA se reinicia en febrero, ya nos lo recordó su principal impulsor.

VIA:

http://blogs.rpp.com.pe/technovida/2012/01/19/estas-son-las-consecuencias-del-blackout/

EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE HABEAS DATA EN VENEZUELA: ART 28 CRBV

El artículo 28 de la Constitución de 1999, siguiendo la orientación de 

las Constituciones latinoamericanas recientes, estableció expresamente en 

Venezuela la acción de habeas data mediante la cual se garantiza a todas las 

personas el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí 

misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las 

excepciones que establezca la ley, así como conocer el uso que se haga de los 

mismos y su finalidad, y a solicitar ante el tribunal competente la 

actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos 

o afectasen ilegítimamente sus derechos.  

Estos derechos, como lo señaló la Sala Constitucional DEL Tribunal 

Supremo de Justicia en sentencia de 9 de noviembre de 2009 (caso Mercedes 

Josefina Ramírez, Acción de Habeas Data) , “no involucran directamente 

nulidades, ni indemnizaciones, sino otorgan situaciones jurídicas esenciales al 

ser humano: como lo es la existencia de un recurso  sobre su persona en 

archivos públicos o privados, por lo que no resulta vinculante para el Juez 

Constitucional lo que pida el quejoso, sino la situación fáctica ocurrida en 

contravención a los derechos y garantías constitucionales y los efectos que ella 

produce, que el actor trata que cesen y dejen de perjudicarlo; o simplemente la 

información sobre sí mismo que tiene derecho a conocer existente en los 

registros público o privados.”

1

Por otra parte, el artículo 28 de la Constitución también consagra el 

derecho de toda persona de acceder a documentos de cualquier naturaleza que 

contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o 

grupos de personas, quedando a salvo el secreto de las fuentes de información 

periodística y de otras profesiones que determine la ley. 

La norma, por tanto, consagra dos derechos distintos, sobre los cuales la 

Sala Constitucional en sentencia de 23 de agosto de 2000 (Caso: Veedores de 

UCAB) expresó en materia de derecho de acceso: 

                                                

1 

 28 separa el acceso a la información y a los datos, del acceso a 

documentos que contengan información, la cual debe ser puntual, sobre cualquier 

tópico, sean o no dichos documentos soportes de bases de datos, que tengan interés 

para las comunidades o grupos. El acceso a estos documentos es distinto al de las 

bases de datos, de cualquier tipo. Se trata de acceder a documentos en sentido amplio,

escritos o meramente representativos (de allí que la norma expresa que son 

documentos de cualquier naturaleza), que por alguna razón contienen información de 

interés para el grupo, o para la comunidad. Tal interés debe ser decidido por el juez, 

para ordenar su exhibición, por lo que debe ser alegado, no bastando la subjetiva 

apreciación del actor en ese sentido”.

2

  Estos derechos de habeas data, por otra parte, son también distintos al 

derecho garantizado en el artículo 143 de la misma Constitución que tienen 

todos los ciudadanos a ser informados oportuna y verazmente por la 

Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén 

directamente interesados, y a conocer las resoluciones definitivas que se 

adopten sobre el particular. Asimismo, consagra la  norma el derecho de 

acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites 

aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a 

seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la 

vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación 

de documentos de contenido confidencial o secreto.  La norma prohíbe, en 

todo caso, la censura a los funcionarios públicos en relación a lo que informen 

sobre asuntos bajo su responsabilidad

Via: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Noviembre/1511-91109-2009-09-0369.html
Allan R. Brewer-Carías